Estos cuerpos no están extraviados, las clínicas privadas no los quieren entregar hasta que se pague la cuenta de la atención recibida. Al respecto, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, criticó este abuso por parte de las casas de salud privadas en el tema de pacientes con Covid-19, y es que “han retenido al cadáver o a la persona que se ha beneficiado de un tratamiento a costa del pago de la factura”. Aseguró que, en el caso de Quito, más de 8 clínicas privadas recurrieron a la estrategia de quedárselos como prenda hasta que los familiares procedan a realizar la cancelación de los valores adeudados, costos que oscilan entre los $30.000 y $75.000.
Ante esta circunstancia, el funcionario señaló que se han presentado las acciones constitucionales pertinentes, porque no puede ser posible que se pretenda establecer a una persona como un objeto de garantía por un tema de facturación.
En otro tema, recordemos que la Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección para que el Gobierno realice la cancelación oportuna de las remuneraciones de los servidores públicos del país que se encuentran impagos. Felizmente, este recurso fue aceptado por la justicia, ordenando el pago inmediato de los haberes atrasados, solicitando también que el Ministro de Finanzas realice el pago puntual de las remuneraciones en los primeros 5 días de cada mes a toda la nómina del sector público del país. Pero, lamentablemente, Carrión reprocha que pese al dictamen del juez, “vivimos en una realidad donde tenemos un Ministro de Finanzas que ha manifestado que los pagos se van a seguir priorizando”
A su criterio, al Gobierno se le debería preguntar por qué, a perjuicio de los servidores públicos, se realizaron pagos a la deuda externa, incluso con días de anticipación, mientras que no se encuentran al día en el pago de las remuneraciones a los funcionarios.
Jenniffer Rodríguez