• Dom. Nov 29th, 2020

Abuso Policial en Sudamérica

Una desafortunada y preocupante coincidencia, se presenta en el actuar de los miembros policiales de varios países del mundo; y nuestra región no es la excepción. Desde octubre de 2019 a la fecha, se han producido innumerables casos de abuso policial en Chile, Colombia, Brasil, Ecuador; en un contexto de protestas sociales, en rechazo a las medidas adoptadas por los gobiernos de turno, cuya respuesta ha sido criminalizar la protesta social.

En Chile, el último hecho de abuso policial se registró el viernes 2 de octubre en Santiago, cuando un adolescente de 16 años que participaba en las protestas en contra del gobierno de Sebastián Piñera, fue empujado por un funcionario policial hacia al río Mapocho desde una altura de 7 metros.  El joven que se salvó de morir ahogado y  quedó hospitalizado con heridas de consideración, fue auxiliado por civiles, mientras el carabinero que causó su caída huyó del lugar, sin prestarle ayuda.

El hecho quedó registrado en grabaciones de video, que la Fiscalía de ese país presentó como prueba para formalizar al uniformado responsable del hecho, por el delito de homicidio frustrado.

Desde el Estallido Social suscitado en Chile el 18 de octubre de 2019, el uso excesivo de la fuerza por parte de los carabineros, “ha dejado 460 víctimas de daño ocular, 22 fallecidos, cientos de denuncias de detenciones ilegales, tortura, y abuso sexual” según el informe con corte a junio del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), al que lamentablemente se suma este caso.

En Colombia, entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, miles de colombianos salieron a la calle en el marco del Paro Nacional, para protestar por temas que iban desde la reforma tributaria hasta el asesinato de activistas de derechos humanos. En dichas protestas los agentes policiales emplearon la fuerza de manera excesiva, incluyendo golpizas, detenciones ilegales en vehículos no autorizados, el control aleatorio de personas para revisar el contenido de sus móviles y de sus redes sociales, el uso de municiones inapropiadas para el control de multitudes, etc.

A estos eventos se sumó un hecho que conmocionó a Colombia en septiembre pasado, cuando durante el arresto de un cuidadano, el uso prolongado de una pistola eléctrica por parte de elementos policiales, le provocó la muerte, lo que generó protestas en contra del actuar policial en diferentes ciudades de ese país, que iniciaron de forma pacífica y terminaron en desmanes y abusos policiales que dejaron como saldo 13 muertos.

Brasil, tampoco ha estado exento de acciones violentas por parte de la policía, como respuesta a las protestas sociales generadas por las políticas gubernamentales, a tal punto que la CIDH a través de un comunicado de prensa publicado en agosto, manifestó su preocupación por la reiteración de prácticas violentas por parte de los uniformados como el hecho suscitado el 14 de julio, cuya grabación fue difundida en redes sociales, en el que se puede apreciar a cuatro agentes policiales abordando de manera violenta y asfixiando a un motociclista afrodescendiente de 23 años, en el marco de una protesta por mejores condiciones de trabajo, desarrollada por repartidores en la zona oeste de Sao Pablo.

El caso de Ecuador presenta rasgos similar al de los demás países de la región. En septiembre pasado los médicos  que trabajan en los hospitales públicos del país salieron de manera pacífica a las calles, para exigir al gobierno el pago de las remuneraciones atrasadas, siendo reprimidos por los uniformados con gas lacrimógeno, golpes y patadas.

Ya en octubre de 2019, el empleo excesivo y abusivo de la fuerza pública en las protestas realizadas por organizaciones sociales y el movimiento indígena en rechazo a las medidas económicas tomadas por el gobierno de Lenín Moreno, durante una semana de protestas,  dejó como saldo 5 muertos como víctimas de confrontaciones con la policía, 11 personas sufrieron perdidas oculares, y más de 1340 fueron heridas y detenidas de forma ilegal.

Como se puede observar, se podría decir que existe una tendencia a la criminalización de la protesta social, violación de derechos humanos y falta de criterio en la aplicación de protocolos policiales relacionados al uso progresivo de la fuerza para mantener el orden público, responsabilidad gubernamental que debe ser analizada.

La gravedad de los hechos que se han suscitado en la región demuestran el debilitamiento del Estado democrático, por lo que se hace necesario que tanto actores políticos y sociales se comprometan con el respeto irrestricto a los derechos humanos y que los gobiernos garanticen que las funciones policiales se cumplan en el marco del respeto y protección de dichos derechos.

María Fernanda Carrión.

Twitter: mariafercm

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