• Sáb. Ene 23rd, 2021

8 de enero de 1988: el caso de los Hermanos Restrepo

PorSebastián Vera

Ene 8, 2021

León rugía contra todos aquellos quienes no representaban estabilidad para su régimen conservador (aunque en sus inicios políticos quiso afiliarse al Partido Liberal, opta por el PSC bajo la condición de “modernizar” su ideario político) inspirado en la doctrina social de la Iglesia Católica (quizás también pensó estar santificado en su visión y misión política durante la visita del papa Juan Pablo II el 29 de enero de 1985). Quienes todavía defienden a Matraca, aseguran que no ha existido mejor presidente que él en la historia ecuatoriana; que el “Pan, techo y empleo” se dio, que se respetaron la democracia, el pensamiento opositor, y, sobre todo, la vida y los derechos humanos.

La lucha contra el terrorismo se convirtió en política oficial de su Gobierno a partir del accionar del grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo (AVC) en el país y luego del secuestro y muerte del banquero Nahim Isaías en septiembre de 1985. Quienes bajo sospecha pudieran identificarse como subversivos, inmediatamente se convertían en enemigos del Estado ecuatoriano. Para esto, se crearon unidades especializadas en combatir la subversión al interior de la Policía Nacional del Ecuador, inspirados por la colaboración que ofreció el Grupo Especial de Operaciones de la Policía de España durante el secuestro de Isaías.

Quizás algunos tips de Ronald Reagan, durante su visita el 14 de enero de 1986, dieron fruto en las decisiones de Febres Cordero en materia de seguridad. El 14 de febrero de 1986, mediante Decreto Ejecutivo Reservado Nº1601 se crea la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES). Esta se convierte en unidad orgánica del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha (SIC-P) que operaba desde la Brigada de Automotores y en el Departamento de Delitos contra la Propiedad. La UIES presentaba autonomía informativa, operativa y financiera, además de contar con la ayuda de países como Israel, EEUU, España, Francia, Taiwán, Perú y Colombia en cursos para sus integrantes.

Para la UIES, subversivos era una definición suelta, y también enfocaron sus esfuerzos patrióticos contra líderes de opinión, dirigentes sociales, opositores políticos, grupos de derechos humanos y gente que ellos calificaban como criminales o sospechosos de actividades delictivas. A las 09h30 del día viernes 8 de enero de 1988, los hermanos Carlos Santiago (14 años) y Pedro Andrés (17 años) Restrepo Arismendi salen de su domicilio ubicado en la ciudadela Miravalle en el valle de Cumbayá, Quito, a bordo de un Jeep Trooper con placas PHD-355, hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre para despedir a un amigo, destino al que nunca llegaron. Fueron detenidos por policías en la zona del partidero a Tumbaco. Sus padres no se encontraban en Quito al momento de la detención sino en Bahía de Caráquez.

Ese día, Hugo España se encontraba como carcelero del SIC-P ubicado en las calles Montufar y Manabí. A las 20h30, el sargento Guillermo Llerena llega con dos detenidos, dando orden a España de ubicarlos en celdas separadas. “¿Cómo se llaman?”, pregunta España. “Santiago y Pedro Andrés” responde Llerena. Al ver las condiciones en las que se encontraban los dos menores de edad (golpeados y torturados), según el testimonio de España en agosto de 1991, se niega a recibirlos. Llerena, junto a Camilo Badillo y otro agente conocido como “El 165”, llevan a ambos hermanos con destino incierto. Los cursos impartidos por agentes israelitas y estadounidenses dieron fruto amargo: las torturas a las que fueron sometidos los hermanos Restrepo por parte de los miembros del SIC les ocasionaron la muerte.

Como parte de sus funciones de carcelero, España redacta el parte policial de los hechos ocurridos durante esa noche; sin embargo, el Jefe de Investigaciones del SIC-P, Coronel Trajano Barrionuevo exige a su subordinado máximo silencio con lo ocurrido, además de ordenarle que se pusiera a órdenes de Llerena. La hoja y los registros del SIC de ese día fueron desaparecidos. La noche del 9 de enero de 1988, el policía Salomón Castillo se dirige al SIC-P después de un aviso de asistencia a través de la radio patrulla. Al llegar, habría escuchado al Agente Édgar Fraga Narváez decir que se le pasó la mano al investigar a dos ciudadanos por el presunto robo de una Trooper y que el cadáver de uno de ellos se encontraba en la cajuela del mismo.

Pedro y Luz Elena, padres de Santiago y Pedro Andrés, regresan a Quito el 10 de enero y se llenan de incertidumbre por la noticia de la desaparición de sus hijos. Lo más probable para los padres es que sus hijos hayan sido detenidos debido a que Pedro Andrés no portaba licencia de conducir. Con amigos y familiares inician la búsqueda de los hermanos. Llamadas anónimas llegan al hogar de los Restrepo cargadas de suposiciones en las que se afirmaba que los hermanos se encontraban detenidos en el Centro de Detención Provisional. El 11 de enero, una amiga de la familia llama al CDP para preguntar por el paradero de los chicos. “Pedro y Santiago Restrepo están aquí desde el viernes” les dijeron, para luego negar que los tuvieran detenidos, a pesar de que el General del Ejército, Miguel Arellano, en base a informes de inteligencia militar, afirmara a Francisco Aristizábal y a su esposa, amigos de los Restrepo, que los chicos estaban detenidos e investigados por la policía “por un problemita”.

Durante la primera semana de su desaparición, Boy-Scouts (organización a la que pertenecían los hermanos Restrepo), la Cruz Roja y la Defensa Civil, realizaron búsquedas y, para descartar la hipótesis de un accidente de tránsito, rastrearon la quebrada que desemboca en el río Machángara en busca de algún rastro del vehículo, y no encontraron nada. El caso fue asignado a la Subteniente Doris Morán, de la División de Menores. Morán, utilizó la esperanza y el dolor de la Familia Restrepo para extorsionarlos con falsas promesas de vida de los hermanos. Les pidió ser pacientes y guardar silencio para que los jóvenes fueran entregados a salvo. Junto a los padres de Santiago y Pedro Andrés, Morán realizó viajes por el norte del país y Santo Domingo con supuestas pistas dadas por un informante anónimo. Morán no fue la única en crear evidencias y expectativas falsas: el Estado también se unió en los encubrimientos.

El 13 de febrero aparece en la quebrada Pacha, al nororiente de Quito, el vehículo en el que se movilizaron los hermanos, sin rastro de ellos. Según Pedro y Luz Elena “el vehículo, al parecer fue desvalijado antes de ser lanzado a la quebrada: nunca aparecieron el motor ni la caja de cambios. Las latas parecían haber sido pasadas por un pesado rodillo. Pruebas técnicas realizadas a los soportes del motor, demostraron que el motor no se desprendió por impacto o por fatiga de materiales sino por sobrecarga. Esto es, el motor fue sacado.”

El Coronel Gustavo Gallegos declaró que los cuerpos de los hermanos Restrepo habían sido devorados por animales “fluviomarinos”. El 29 de julio, agentes del SIC-P muestran como evidencia un zapato impecable que, según ellos, pertenece al hermano mayor de los Restrepo. La madre niega que el zapato haya pertenecido a su hijo y el SIC se niega a que los padres puedan ver la evidencia nuevamente. Después de cuatro meses, se muestra el mismo zapato, pero esta vez, con lodo en su interior, sumándose al mismo dos zapatos más y un cassette en perfectas condiciones. El Comandante General de la Policía, General Gilberto Molina, da por cerrado el caso y ofrece sus condolencias a la Familia Restrepo.

Durante tres años, Pedro y Luz Elena, continúan exigiendo respuestas por la desaparición de sus hijos. El 11 de agosto de 1991, el ex-agente Hugo España, acusa directamente a Guillermo Llerena por la desaparición de los hermanos Restrepo y afirma que los cuerpos de los jóvenes fueron arrojados a la laguna de Yambo, en la provincia de Cotopaxi, lugar que también resulta infructuoso en la búsqueda de los cuerpos de Santiago y Pedro Andrés. El 4 de julio de 1994, fallece a causa de un accidente de tránsito en la zona de Aloag, Luz Elena Arismendi, dejando un vacío enorme en todas las personas que luchan por la verdad día tras día.

El 16 de noviembre de 1994, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Acosta, condena a 16 años de prisión al Sargento Guillermo Llerena y al Agente Camilo Badillo como autores materiales; a 8 años de prisión al Coronel Trajano Barrionuevo y a los Tenientes Doris Morán y Juan Sosa por encubrimiento; y a dos años de prisión al General Guillermo Molina y al ex-agente Hugo España por complicidad. En 2011, y para mantener viva la memoria de sus hermanos y su madre, María Fernanda Restrepo dirige el documental “Con mi corazón en Yambo”.

El 27 de abril de 2019, Liliana Febres Cordero, hija de León Febres Cordero, publica en su cuenta de Twitter una carta dirigida a su padre por Pedro y Luz Elena el 22 de junio de 1988, en la que asegura lo siguiente: “LF-C auxilió a Pedro Restrepo en la búsqueda de sus hijos. Su solidaridad mereció una carta de gratitud a mi padre. La violencia policial fue reprochada y los responsables fueron a prisión. Esto demuestra la verdad y desmiente la maldad.” La súplica de dos padres desesperados fue convertida en “agradecimiento” a los nulos esfuerzos de un presidente, y de los que lo sucedieron, por encontrar la verdad.

El 10 de junio de 2020, Abdalá Bucaram, también a través de Twitter, publica lo siguiente: “QUIÉN ASESINÓ A LOS HERMANOS RESTREPO? LA PRÓXIMA SEMANA DARÉ EL NOMBRE..!” En respuesta a su tweet, @micorazonenyamb respondió: “Abdalá descubrió el agua tibia: el gral. Molina fue sentenciado en el caso, cumplió una pena irrisoria en su propio cuartel de chapas de Pusuquí y ayudado a fugarse por su sobrino Ex diputado del PRE (“que honor”) Andrés Romo Molina. Alto al ruido inútil.” Para volver a tener cierta relevancia, Bucaram aprovecha de cualquier intento de exposición pública aunque esto signifique jugar con la memoria de personas que lucharon y continúan luchando por respuestas.

A 33 años de la desaparición forzada y muerte de los hermanos Restrepo, todavía perdura en la memoria los crímenes perpetrados por los aparatos estatales en justificación del orden público contra los rebeldes o insurgentes que atentan contra la moral curuchupa y putrefacta del Ecuador. Hasta la vida por la verdad y la justicia.

Por Sebastián Vera

En redes: @sebis_vera

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