• Vie. Abr 16th, 2021

Diagnóstico carcelario ecuatoriano

PorSebastián Vera

Feb 24, 2021

El cuerpo carcelario puede ser sometido a cualquier tipo de vejaciones -proporcionalmente “justas” según el delito cometido- debido a que la mayoría de las personas consideran adecuado este disciplinamiento y control en los supuestos centros de rehabilitaciones, en estas instituciones de castigo, como parte de la transformación de un individuo al cual tanto alma y cuerpo se encuentran reprimidos, atormentados, violentados y sin mayor libertad que la que el sistema político y el poder ofrezcan…la cual pueden manipular unos pocos a conveniencia de sus intereses personales.

Apendicitis judicial

Las cárceles en el país son un apéndice de la función judicial, básicas como sometimiento punitivo a cambio de que quien infrinja la ley, pague con una cuota de dolor y privación su ofensa. Aquel aislamiento y marginación, en teoría, solucionan el problema. Esa economía del encierro también resultaría ser una solución adecuada -y castigo complementario para las PPL (personas privadas de la libertad)- para, a través del aleccionamiento-hacinamiento, reducir la tasa de criminalidad en un país y mantenerlo en raya.

El anonimato múltiple de la injusticia fabrica delincuentes, desde estamentos burocráticos como las Unidades de Flagrancia o las UPC (Unidades de Policía Comunitarias) hasta los tramitadores, abogados, jueces y fiscales a cargo de ejecutoriar sentencias. Las mismas conductas delictivas evolucionan, y más que encontrarse en poder de ciudadanos lumpen o descarriados, son impuestas como prácticas normalizadoras de sobrevivencia ante una sociedad que atraviesa el presente con los ojos vendados.

Falla crónica de liderazgo presidencial

No es la primera emergencia carcelaria del gobierno de Moreno. El 16 de mayo de 2019, mediante Decreto Ejecutivo Nº741, se declaró el estado de excepción de 60 días en el sistema penitenciario del país debido al hacinamiento, riñas y muertes ocasionadas dentro de las cárceles. Esto no frenó la violencia ni los problemas dentro de las cárceles debido a que, durante el estado de excepción, se produjeron 14 crímenes (12 en Guayaquil y 2 en Latacunga).

Una recurrente en cuanto a asesinatos, crímenes y amotinamientos en las cárceles son las guerras entre pandillas para tomar el control de negocios ilícitos. En 2019, Los Gorras, Los Cubanos y Los Choneros eran señaladas como las principales pandillas en conflicto. El 11 de junio, William Humberto Poveda Salazar, alias “El Cubano”, fue decapitado e incinerado dentro de un CRS (Centro de Reclusión Social) en Guayaquil.

Para Insight Crime, la falta de recursos e inversión, sumado a la falta de personal y los bajos salarios que perciben quienes trabajan en el sistema penitenciario, facilitan la corrupción; la falta de programas de rehabilitación para las PPL, fomentan la ilegalidad y la violencia dentro de las cárceles.

El 11 de agosto de 2020, 8 días y 11 muertos después por un enfrentamiento entre las pandillas de “Los Lagartos” y “Los Choneros” y 3 días después del asesinato del israelí Shy Dahan, asociado a la venta de insumos médicos a instituciones públicas a través de Jacobo Bucaram, Moreno nuevamente decreta estado de excepción por 60 días en las cárceles del país, según él, debido a la existencia de “mafias que están creando caos en los centros penitenciarios”. Moreno renueva el estado de excepción por 30 días más.

El 28 de diciembre de 2020, muere acribillado en la cafetería de un centro comercial de la ciudad de Manta, José Luis Zambrano González, alias “Rasquiña”, luego de cinco meses en libertad. Alias “Fito”, según investigaciones policiales, junto a un colaborador de alias “Rasquiña”, habrían iniciado una disputa con Zambrano González.

Infarto carcelario fulminante

El 23 de febrero de 2021, en los tres centros penitenciarios del Ecuador que albergan a cerca del 70% de la población carcelaria -Cotopaxi, Guayaquil y Cuenca- ocurre lo que hasta ahora es el peor amotinamiento en la historia reciente del país. 79 personas mueren a causa de la violencia generada por los grupos delictivos “Los Pipos”, “Los Lobos”, “Los Chone Killers” y “Los Tiguerones”, siendo estos tres últimos aliados de alias “Rasquiña” cuando este era jefe de “Los Choneros”.

En la noche, varios papeles son arrojados en los exteriores de TC Televisión en Guayaquil. El denominado Cartel Nueva Generación (“Tiguerones”, “Los Lobos”, “A.I.K.Q.N” Y “Los Chone Killers”) se adjudica las notas de amenaza en las que demanda la muerte para Junior alias “Huevo Al Culo”, Fito alias “Torta” y Javi, líderes de la banda “Los Águilas”; también aseguran que el causante de todas las muertes en las cárceles del país es “el Coronel Jácome de la DGI (Dirección General de Inteligencia)”, a quien exigen estar “muerto o fuera del sistema”. Cierran su comunicado con la advertencia de que si “las autoridades pertinentes hacen caso omiso al comunicado, verán muertes en las calles de Guayaquil y Ecuador”.

Moreno, durante su programa “De frente con el presidente”, aseguró que este episodio de violencia es consecuencia de una pelea entre mafias organizadas. Dijo también que le parece “raro” el amotinamiento argumentando que “la mano” del correísmo “esté presente”. El mismo día, Daniel Salcedo es trasladado al pabellón femenino de la cárcel de Latacunga para “precautelar su seguridad” y, en la noche, Jacobo Bucaram Pulley, debido a “una condición médica de riesgo”, pasa a tener arresto domiciliario en su hogar en la Ciudadela Kennedy Norte en Guayaquil gracias al juez Esteban Calderón de la Unidad Especializada de Violencia Contra la Mujer y la Familia en Quito.

Diagnóstico final

El sistema penitenciario ecuatoriano no está al borde del colapso, al parecer, siempre lo ha estado. Con cerca de 38.000 PPL en 55 centros de detención o cárceles con capacidad para 27.000 PPL, estas continuarán siendo centros de ampliación de delitos. Las decisiones del presidente simplemente son anacronismos de un gobierno obsoleto, corrupto y parasitario. Las penas dictadas por jueces en el país son la manifestación de las transacciones ocultas entre delincuentes que lo único que provocan es desesperanza y falta de confianza de la ciudadanía en la función judicial.

Por Sebastián Vera

En mis redes: @sebis_vera

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